- Deberá garantizar que el gasto en comunicación pública sea eficiente, transparente, austero y honrado.
Reporte Escarlata
Toluca, Edoméx.- 5 de julio del 2020- La diputada
Anaís Miriam Burgos Hernández propuso, a nombre del GPMORENA, expedir la Ley de
Comunicación Social del Estado de México, con la que se busca garantizar que el
gasto en comunicación social de los entes públicos se ejerza bajo los
principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, austeridad y honradez;
respetar los topes presupuestales, y delimitar el papel de la comunicación en
campañas electorales y la imagen de los actores políticos en cargos de elección
popular.
La
presidenta del Comité de Comunicación Social recordó que en 2018 se expidió la
Ley General de Comunicación Social que obliga a los congresos estatales a
armonizar su marco jurídico, por lo que la 60 Legislatura continuará haciendo
historia con su normativa en la materia, ya que abonará a la transparencia y
rendición de cuentas.
La
propuesta, presentada en sesión del Sexto Periodo Ordinario, indica que los
entes públicos deberán respetar los topes presupuestales, límites y condiciones
de su ejercicio, de tal forma que durante los procesos electorales la
comunicación social no influya en la equidad de la contienda entre los partidos
políticos, precandidatos y candidatos.
Se
prevén reglas para limitar el contenido de las campañas de comunicación social
de los entes públicos, por lo que, entre otros aspectos, se prohibirá que
destaquen de manera personalizada nombres, imágenes, voces, símbolos de
cualquier persona servidora pública, además de que no podrán fomentar la
discriminación, el sexismo, el machismo o cualquier incitación a la violencia o
contraria a los ordenamientos jurídicos estatales.
En
las campañas de comunicación social se incluirá, de manera visible y audible,
la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”, con
el fin de desvincular los programas sociales con la imagen de determinada
persona o partido político.
Asimismo,
las campañas que realicen los entes públicos se deberán transmitir en versiones
y formatos accesibles para las personas con discapacidad, y se establece que el
informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los
mensajes para darlos a conocer, se limiten a una vez al año y conforme las
políticas de austeridad y eficiencia.
En procesos electorales se suspenderá obligatoriamente la difusión
de campañas de comunicación social en la entidad, exceptuando las relativas a
los servicios educativos, de salud, protección civil e información de las
autoridades locales.
Para
el control y vigilancia de la contratación de la comunicación social, se propone
la creación del Sistema Público de Comunicación Social a cargo de la Secretaría
de la Contraloría del Estado de México, que será alimentado con la información
de los órganos de control interno de los entes públicos, órganos
constitucionales autónomos y poderes del Estado, y se presentará un informe
dentro de los 10 primeros días naturales de cada mes con las erogaciones del
gasto de comunicación social.
También
se plantea la elaboración de un programa anual de comunicación social de los
entes públicos que cuenten con recursos específicos para el sector, integrado
por un conjunto de campañas para difundirse en el ejercicio fiscal respectivo y
encaminadas al cumplimiento del objeto institucional y de los principios
rectores, los cuales podrán incluir acciones y logros de gobierno, mensajes
sobre los programas gubernamentales y los relacionados a estimular acciones
ciudadanas para acceder a un beneficio o servicio público.
Igualmente,
se busca la creación de la Unidad Administradora, como instancia dependiente de
la Secretaría General de Gobierno estatal, que dará seguimiento a los esfuerzos
comunicacionales y prestará asistencia técnica y de evaluación de las
estrategias, programas y campañas de comunicación social para que se realicen
con los principios de eficacia, eficiencia, economía y racionalidad,
transparencia y máxima publicidad, institucionalidad, congruencia, objetividad
e imparcialidad y veracidad.
La
iniciativa busca reformar la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México
para que los recursos estatales en materia de comunicación social se revisen y
fiscalicen, en ejercicio de la facultad más importante del Poder Legislativo,
que es vigilar el ejercicio del gasto público.
El
documento señala que, en congruencia con el artículo 42 de la Ley General de
Comunicación Social, se facultará a la Legislatura estatal a recibir, por
conducto del Comité de Comunicación Social, el informe bimestral sobre la
ejecución de los programas y actividades gubernamentales de los Poderes del
estado, así como la relación anual de todos los programas y campañas de
comunicación social desglosadas por dependencia y la programación de
erogaciones, y el Poder Legislativo deberá formular el informe respectivo.
Prevé que los entes públicos contarán con un plazo de 90 días
naturales, una vez que entre en vigencia la ley, para expedir los reglamentos
correspondientes; la Secretaría General de Gobierno tendrá 30 días naturales
para expedir el reglamento y los lineamientos correspondientes y un plazo de 90
días naturales para integrar el padrón estatal de medios de comunicación que
busquen ser contratados por entes públicos.
Para
que la ley adquiera eficacia y eficiencia, se establece un Título V de
Infracciones y sanciones, por las acciones u omisiones que pudieran constituirse
como una responsabilidad administrativa, a efecto de que se pueda proceder
legalmente en contra de los infractores de la norma.
Además
de la expedición de la Ley de Comunicación Social del Estado de México, la
iniciativa busca diversas reformas y adiciones a disposiciones de la
Constitución Política, de la Ley de Fiscalización Superior, de la Ley Orgánica
de la Administración Pública, de la Ley de Responsabilidades Administrativas,
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento de Comunicación
Social e Imagen Institucional del Poder Legislativo, todas del Estado de
México.
Para
su dictamen, la iniciativa fue enviada a las comisiones de Gobernación y Puntos
Constitucionales, de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización y al
Comité de Comunicación Social.
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