- Supera los estándares de protección de la Ley General: Alto Comisionado de la ONU para los DD. HH.
Reporte Escarlata
Toluca, Edoméx.- 13 de diciembre del 2019- La 60 Legislatura
del Estado de México aprobó por unanimidad la Ley en Materia de Desaparición
Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de
México, que incluye la creación del Fondo Estatal de Desaparición, la
integración del Consejo Estatal Ciudadano por familiares de personas
desparecidas y especialistas y el Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia
de Investigación y Búsqueda de Personas, y elimina el concepto de “persona no localizada”.
A
través de un comunicado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio la bienvenida a la aprobación del
ordenamiento, destacando que “supera los estándares de protección establecidos
en la Ley General en la materia”, y enfatizó en la eliminación de la categoría
de “persona no localizada”, pues de esta manera se reafirman las obligaciones
de búsqueda e investigación inmediatas con independencia de si los hechos están
vinculados o no a la comisión de un delito.
En
sesión presidida por el diputado Nazario Gutiérrez Martínez, la legisladora
Karina Labastida Sotelo, quien presentó la iniciativa en marzo pasado, afirmó
que la ley combate el delito de desaparición y sintetiza un principio que
permite una transformación sustancial: la esperanza, “no como una utopía en un
estado de carencia, sino como un resorte mediante en el cual se pueden
transformar condiciones y sembrar rutas”.
“Eso,
esperanza, es lo que nos han aportado los colectivos y familiares de personas
desaparecidas en el espíritu de esta ley”, subrayó la presidenta de la Comisión
Especial Para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género Contra las
Mujeres por Feminicidio y Desaparición, al reconocer la participación de la
sociedad en la elaboración de la ley que, prevé la legisladora, puede
convertirse en un modelo para el resto de las entidades de la República.
En
el salón de sesiones, representantes de los colectivos de familiares de
víctimas de desaparición, así como de organizaciones civiles, atestiguaron la
aprobación de la nueva ley y expresaron, junto con la diputada, “sin las
familias no, hasta encontrarlas”.
El
dictamen emitido por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia y la especial de
seguimiento a las Alertas por Violencia de Género señala, entre los objetivos
de esta ley, el establecer la coordinación entre el estado y sus municipios
para buscar a las personas desaparecidas, así como para prevenir, investigar,
sancionar y erradicar los delitos en esta materia, además de asegurar la
protección integral de los derechos de las personas desaparecidas hasta que se
conozca su paradero y la atención, asistencia, protección y, en su caso,
reparación integral y las garantías de no repetición.
También
tiene el propósito de garantizar la participación de los familiares en el
diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e
identificación de las personas desaparecidas y su coadyuvancia en las etapas de
la investigación y en el proceso, a fin de que puedan verter sus opiniones,
recibir información y aportar indicios o evidencia. Asimismo, se crea el
Registro Estatal de Personas Desaparecidas, que formará parte del Registro
Nacional.
Al
leer el dictamen ante el Pleno, la diputada precisó que en el análisis de la
iniciativa de ley y en la integración del proyecto de decreto se observó el
principio de Participación Conjunta, ya que intervinieron colectivos de
familiares de víctimas de desaparición, representantes de dependencias
públicas, organizaciones internacionales y asociaciones civiles.
Entre
ellos, resaltó la participación de representantes de los colectivos Red
Eslabones por los Derechos Humanos, Buscándote con Amor, Alondras Unidas,
Uniendo Esperanzas, Red de Madres Buscando a sus Hijos, Movimiento por Nuestros
Desaparecidos en México, Fundación Unidos por una Mejor Vida, la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y
el Comité Internacional de la Cruz Roja.
También
participaron en las mesas de trabajo representantes de las secretarías de
Finanzas, de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos; de la Comisión de
Derechos Humanos, de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados
a la Violencia de
Género,
de la Comisión de Búsqueda de Personas, de la Fiscalía General de Justicia, del
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas y del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes, todos del Estado de México.
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