- La diputada Maricela Serrano indicó que la prestación se realiza sin una justa retribución, lo que es contrario a la Constitución.
- Se deberá expedir constancia que acredite la experiencia profesional a favor de los prestadores: Álvarez Ortiz.
Ciudad
de México.- 17 de noviembre del 2016- Los
diputados federales, Maricela Serrano Hernández y Héctor Javier
Álvarez Ortiz, presentaron una iniciativa para reformar los
artículos 24 de la Ley General de Educación y 4 de la Ley del
Instituto Mexicano de la Juventud, a fin de que la prestación del
servicio social de estudiantes y profesionistas sea retribuido
económicamente.
Serrano
Hernández destacó que el carácter obligatorio del servicio social
tiene su fundamento en el artículo 24 de la Ley General de
Educación, que lo establece como requisito indispensable para la
obtención del título o grado académico de estudiantes
profesionistas.
Por
otra parte, agregó, la Constitución en su artículo 5º, párrafo
cuarto, señala que los servicios profesionales de índole social
serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con
las excepciones que ésta señale.
En
tal sentido, precisó “el servicio social representa una
oportunidad idónea para que el estudiante esté en contacto directo
con las problemáticas reales de la sociedad, sin embargo, éste se
realiza sin una justa retribución al estudiante o profesionista y en
su mayoría es totalmente nula, lo que afecta su desempeño”.
“Podemos
observar que existe una clara falta de apego a la disposición
señalada en la Constitución y en la Ley General de Educación, lo
cual ha dado pie a interpretaciones diversas, de tal suerte que
algunos estados han tomado provisiones para solventar este problema,
mientras que otros han hecho caso omiso.,” dijo la legisladora.
Mencionó
que aunque existen esfuerzos del Estado por apoyar económicamente a
los jóvenes profesionistas que realizan servicio social mediante
becas, aún se está lejos de resolver el problema. “Tan solo en
2015, el gobierno federal benefició con una beca a 12 mil 893
jóvenes en todo el país, mientras que la Universidad Nacional
Autónoma de México tituló a 21 mil 734 estudiantes”.
Por
su parte, el diputado Héctor Javier Álvarez Ortiz, señaló que
tampoco existe un compromiso para hacer que el trabajo desempeñado
por los estudiantes sea reconocido como una actividad profesional que
genera experiencia, lo cual representa una constante queja de los
jóvenes que realizan servicio social.
Por
ello, a través de esta iniciativa de reforma se busca establecer que
las instituciones de educación pública, secretarías de Estado,
entidades para-estatales, organizaciones no gubernamentales o
asociaciones civiles sin fines de lucro en las que se realice el
servicio, expidan una constancia que acredite la experiencia
profesional a favor de los prestadores y precisar que el Instituto
Mexicano de la Juventud difundirá en las dependencias y entidades
información de los programas relativos a la prestación del servicio
social retribuido.
La
iniciativa será dictaminada por las comisiones de Educación Pública
y Servicios Educativos y de Juventud.
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