- Señala el ombudsman que deben considerarse los valores en el diseño de las políticas públicas.
Toluca,
Edoméx.-
15 de
diciembre del
2016- El
Programa de Derechos Humanos del Estado de México permitirá tener
los elementos básicos para garantizar la protección en la materia,
prevenir violaciones, lograr la coordinación entre los actores
involucrados y generar políticas públicas a favor de los grupos
vulnerables, a fin de integrar una sociedad más incluyente,
tolerante, justa e igualitaria, resaltó el ombudsman Baruch Delgado
Carbajal.
Durante
la presentación del programa estatal, con el que se cumple lo
marcado por el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 y
ubica a la entidad entre las primeras diez de la república en contar
con éste, recalcó que actualmente no se justifica la ausencia de
los derechos humanos en el diseño de políticas públicas, el cual
debe considerar como hilos conductores a los principales valores que
emanan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como son
los principios del respeto a la dignidad, no discriminación y la
sociedad democrática.
Ante
el gobernador Eruviel Ávila Villegas; el subsecretario de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; y
el representante adjunto en México del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los derechos humanos, Jesús Peña Palacios,
entre otras autoridades, Delgado Carbajal detalló que el Programa
estatal tiene una amplia cobertura para la protección, promoción y
difusión de los derechos primigenios.
Asimismo,
atiende demandas a favor de diversos sectores de la población en
situación de vulnerabilidad como son las mujeres, niñas, niños y
adolescentes; jóvenes, población con preferencias sexuales
diferentes, pueblos y comunidades indígenas, personas con
discapacidad, migrantes, adultos mayores y víctimas.
Su
propósito dijo, es implementar estrategias claras y puntuales para
armonizar la legislación estatal a estándares internacionales,
fomentar que todas las instituciones tengan servicio civil de carrera
en el rubro, consolidar espacios de diálogo y comunicación entre
Estado y sociedad civil, generar políticas públicas con perspectiva
de género, fomentar el cumplimiento y aplicación de las
recomendaciones y medidas cautelares en tutela de derechos
fundamentales, aumentar la transparencia y rendición de cuentas del
quehacer gubernamental, y garantizar el respeto de los derechos
fundamentales a los defensores de derechos humanos, entre otros.
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