- Estaremos demostrando con hechos y acciones tangibles nuestro compromiso a favor de tener un gobierno que garantice que utiliza con eficacia y austeridad los recursos que son de todos y para todos: Azucena Cisneros Coss.
Reporte/Escarlata
Toluca, Edoméx.- 7 de marzo del 2019-
La 60 Legislatura
del Estado de México, a propuesta de MORENA, determinó por unanimidad de votos
retirar a los exgobernadores mexiquenses el servicio, que tenían con cargo al
erario, de un jefe de ayudantes con rango de subdirector, un chofer, tres
oficiales de seguridad pública y una secretaria particular.
La
diputada Azucena Cisneros Coss, quien presentó la propuesta en nombre del Grupo
Parlamentario de MORENA, dijo que el dictamen “representa el primer logro de
esta Legislatura en dos de los más sentidos y urgentes reclamos ciudadanos: la
eliminación de los privilegios de la clase política y la austeridad en el uso
de los recursos públicos”.
Afirmó
que ambos decretos abrogados para tal efecto, el 87 de la 36 Legislatura y el
decreto del Ejecutivo publicado en la Gaceta del Gobierno número 86, “les
regalaron a los exgobernadores un beneficio que ellos nunca le pudieron
garantizar a sus ciudadanos: la seguridad las 24 horas del día, los 365 días
del año y en todo el territorio mexiquense”.
La
existencia de estos premios para exfuncionarios públicos, indicó, “son el
símbolo más evidente de los abusos y excesos que se hicieron costumbre en un
régimen que fue rechazado y derrotado en las urnas”.
Reconoció
que, pese a los obstáculos y a las reservas, la iniciativa presentada en
diciembre pasado fue apoyada por unanimidad en las Comisiones Unidas de
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Finanzas Públicas, y agradeció a sus
integrantes por el pronto análisis y respaldo.
Al
votar a favor de este dictamen, resaltó, “estaremos demostrando con hechos y
acciones tangibles nuestro compromiso a favor de tener un gobierno que
garantice que utiliza con eficacia y austeridad los recursos que son de todos y
para todos”.
Convocó
a sus compañeros legisladores a seguir revisando el marco legal “para que el
Estado de México deje de ser uno los estados con mayores problemas de
corrupción y de desvío de recursos”.
Para
avanzar en ese sentido, indicó, hace falta analizar y proponer una nueva ley de
austeridad y gasto público, otra para regular los salarios máximos y una más
para fiscalizar mejor el gasto público y acotar la corrupción en todo lo
relacionado a las compras y obras públicas.
El
alcance y dimensión de los pendientes, enfatizó, “nos obliga a apretar el paso
para combatir la corrupción y la impunidad con leyes y reformas profundas que
sean consecuentes con las acciones y las políticas del gobierno de la Cuarta
Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Dijo
que al hacerlo se estarán poniendo los cimientos de una verdadera refundación
de las instituciones y gobiernos, “dando pasos firmes hacia la justicia social
que tanto nos reclaman los mexiquenses. La ciudadanía espera mucho de nosotros
y demanda soluciones reales de fondo, no podemos, ni debemos fallarles”.
Al
dar lectura al dictamen, el diputado Max Correa Hernández (MORENA) precisó que
el decreto 87 de la 36 Legislatura publicado el 18 de julio de 1945, establecía
que los premios y recompensas por servicios eminentes o importantes prestados
al Estado que mereciera el gobernador se le otorgarían después de haber
terminado su gestión al frente del Poder Ejecutivo.
Mientras
que el decreto del Ejecutivo, publicado en la Gaceta del Gobierno número 86, el
7 de mayo de 1993, consideró que en reconocimiento a su desempeño en el cargo
de gobernador debían normarse los apoyos mínimos para la preservación de su
integridad y seguridad y para el desarrollo de sus actividades personales,
razón por la cual establecía la adscripción de personal.
Esto
es, un jefe de ayudantes con categoría de subdirector rango nueve, con nivel de
jefe de ayudantes de secretario General de Gobierno; un chofer ayudante con
rango cinco, con categoría de chofer de secretario General de Gobierno; tres
ayudantes con categoría de oficial de seguridad pública, nivel catorce, rango
cuatro, y una secretaria, con categoría de secretario particular de secretario,
nivel 27, rango 9 del gobierno estatal.
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