- Se busca salvaguardar sus derechos laborales y evitar que sean víctimas de discriminación: Marco Antonio Cruz.
Reporte Escarlata
Cámara de Diputados, Edoméx.- 24 de Abril del 2022- El grupo parlamentario de MORENA, a través del diputado Marco Antonio Cruz Cruz, propuso reformas para evitar el despido de servidoras públicas embarazadas o que hayan concluido el periodo de 90 días naturales que se le otorga para el parto, con lo que se busca salvaguardar sus derechos laborales y evitar que sean víctimas de discriminación.
La
propuesta de reforma a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado
de México y Municipios prohíbe a las y a los titulares de instituciones
públicas, apoderado legal o representante, despedir o coaccionar a una mujer en
estado de gravidez, pues esto atenta contra el derecho humano reproductivo de
las mujeres.
Remitida
a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, la iniciativa expone
que, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),
entre 2007 y 2012 se recibieron 685 quejas de mujeres que fueron víctimas de
estos hechos, y que en cerca de 20% de los casos se trató de servidoras
públicas.
Proponen que deudores alimentarios no
ocupen cargos en la FGJEM
De
acuerdo con la legisladora, esta iniciativa busca que la ciudadanía acceda a la
justicia mediante personal profesional y especializado, especialmente cuando
hay menores de edad involucrados, ya sea como víctimas, testigos o como menores
infractores.
En
este sentido, para ingresar a cualquiera de las plazas anteriores, plantea que
se deberán acreditar conocimientos en materia de derechos de la infancia y
violencia de género y dar cumplimiento a los derechos de las y los menores y de
la familia cuando así sea mandatado por resolución judicial en el ámbito
personal.
Además,
quienes aspiren al cargo de agente del Ministerio Público no deberán tener
condena por delito doloso mediante sentencia firme y quienes deseen ser
facilitadoras en mecanismos alternativos de solución de controversias deberán tener
conocimientos en técnicas de atención al público, así como de las normas
nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. La iniciativa se
remitió a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
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