- El planteamiento define sancionar con el doble de la pena para el delito de
defraudación fiscal, y que hoy establece penas de tres a cinco años de prisión
para montos defraudados mayores a 500 mil pesos.
Reporte Escarlata
Cámara de Diputados, Edoméx- 12 de Octubre
del 2023.- Integrantes de las comisiones unidas de Planeación y
Gasto Público con Finanzas Públicas, analizan la iniciativa presentada por los
diputados de la 4T, Azucena Cisneros Coss y Gerardo Ulloa Pérez, que busca
establecer como delito de defraudación fiscal la retención de cuotas de
aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios, por parte de los sujetos obligados, lo que provoca un déficit anual
al organismo por más de mil 200 millones de pesos.
“En la práctica es frecuente que los
Entes Públicos obligados, omitan cubrir aportaciones y enterar cuotas de
seguridad social, generando con ello un perjuicio a las finanzas del Instituto
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, así como a los derechos
y prestaciones de seguridad social de los servidores públicos acreditados y sus
familias”, expuso el diputado Gerardo Ulloa en reunión de trabajo en
comisiones.
Respecto a la omisión en el entero de
cuotas y pago de aportaciones de seguridad social por parte de los Entes
Públicos obligados los deudores son 24 municipios la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM) y los Cuerpos Auxiliares del Estado de México (CUSAEM),
además de según reportes de la Auditora superior, el ISSEMyM tiene solicitudes
de aclaración por mil 686 millones de pesos en las cuotas y aportaciones por
cobrar.
Ante esta situación, la propuesta de
Gerardo Ulloa y Azucena Cisneros busca tipificar la conducta en el Código
Financiero del Estado de México y Municipios, como un delito especial; esto es,
agravar la conducta y sus consecuencias, como reparar el daño equivalente al
monto que hayan omitido porque estos recursos no son de libre disposición, ya
que las instituciones públicas están obligadas a enterar las cuotas y
aportaciones dentro de los cinco días siguientes al de la fecha de retención al
trabajador.
El planteamiento establece el delito
de defraudación a los regímenes del ISSEMyM, y sancionar al o los funcionarios
públicos que omitan total o parcialmente enterar las cuotas, o a quien omita
presentar querella por estas omisiones, y define sancionar con el doble de la
pena para el delito de defraudación fiscal, y que hoy establece penas de tres a
cinco años de prisión para montos defraudados mayores a 500 mil pesos.
Al respaldar la propuesta de sus
compañeros de bancada, Carmen de la Rosa Mendoza indicó que el ISSEMyM
proporciona servicios a 839 mil derechohabientes entre trabajadores,
pensionados, pensionistas y sus familiares, pero tan solo entre diciembre de
2020 y septiembre de 2021, el monto por cobrar a dependencias por concepto de
aportaciones aumentó en 75%, al pasar de mil 957 millones de pesos a 5 mil 215
millones de pesos, donde las instancias con más deudas son la Jefatura de
Policía Industrial, el CUSAEM y los Cuerpos de Vigilancia Auxiliar y Urbana que
concentran el 84%.
“Acompaño el contenido de la
iniciativa que busca combatir un acto de corrupción que lesiona los intereses
de los trabajadores mexiquenses que hacen sus aportaciones de seguridad social
con la confianza de recibir la atención médica cuando lo requieran ellos o sus
familiares”, puntualizó.
En su intervención, la diputada Mónica
Álvarez Nemer, presidenta de la Comisión de Planeación y Gasto Público, celebró
la propuesta de su bancada porque busca combatir de manera frontal la
corrupción y también salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos a la
seguridad social, por lo que tratándose de un delito de defraudación del
régimen del ISSEMYM, pidió que la Junta de Coordinación Política invite a la
Fiscalía General y a la Procuraduría Fiscal para escuchar su punto de vista
para enriquecer la iniciativa.
La bancada del PRI respaldó la
propuesta morenista y planteó que la omisión en la entrega de aportaciones de
cuotas no solo se considere como delito fiscal, sino como fraude de tipo penal,
y que se involucre a la Fiscalía Anticorrupción para investigar la retención de
recursos, y el destino que se da a los mismos, así como a la Procuraduría
Fiscal.
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