- Hasta septiembre pasado el adeudo al instituto superaba los 5 mil mdp: Gerardo Ulloa.
Reporte Escarlata
Cámara de Diputados, Edoméx- 28 de Febrero del 2024.- El Congreso mexiquense aprobó por unanimidad reformas al Código Financiero del Estado de México y Municipios para tipificar el delito de omisión parcial o total de los sujetos obligados en cuanto a enterar las cuotas o cubrir las aportaciones de seguridad social al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), por lo que de configurarse defraudación fiscal podrían aplicarse penas de 1.5 hasta 7.5 años de prisión, de acuerdo con el monto de lo defraudado.
Con la reforma, promovida
por el diputado Gerardo Ulloa Pérez y la diputada Azucena Cisneros Coss, se
establece un mecanismo normativo para asegurar que las aportaciones y cuotas de
seguridad sean cubiertas de manera oportuna por los sujetos obligados y no se
desvíen los recursos para fines diversos a los de la seguridad social, así como
que, en caso de incumplimiento, se sancione penalmente a los responsables.
El dictamen, expuesto por el legislador
Gerardo Ulloa, señala que cuando exista incumplimiento derivado de la omisión
de la persona titular o servidora pública responsable de enterar las cuotas de
seguridad social retenidas a las y los trabajadores de instituciones públicas,
se aplicará una multa de 20 a 405 de la contribución correspondiente.
Añade que, para el caso del delito de
defraudación fiscal, cuando sea cometido por persona servidora pública que en
ejercicio de sus funciones omita total o parcialmente el entero de las cuotas o
aportaciones de seguridad social, siendo responsable de ello, las penas podrán
llegar a ser de entre 1.5 años a 7.5 años de prisión, dependiendo del monto
defraudado.
Además, para proceder penalmente por los
delitos fiscales previstos en el Código, será necesario que, cuando el delito
de defraudación fiscal sea cometido por persona servidora pública que en
ejercicio de sus funciones omita total o parcialmente el entero de las cuotas o
aportaciones de seguridad social, siendo responsable de ello, presente la querella
correspondiente la persona servidora pública del ISSEMyM facultada para ello;
así como que, en caso de incumplimiento de dicha obligación, será sancionada en
términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
En sesión deliberante, el
diputado Gerardo Ulloa afirmó que la iniciativa, presentada desde 2021 y
propuesta nuevamente en 2022, busca terminar con la impunidad y tratar de
blindar las finanzas del ISSEMyM para prestar su servicio de manera adecuada a
la población conformada por 839 mil 105 derechohabientes.
Por lo anterior, subrayó que la reforma no es
un asunto que se trate de cifras, sino de la salud de miles de familias y de un
recurso que debió ingresar, sin dilación alguna, a las arcas del Instituto y
que legalmente no debió ser usado para otros fines; y reprochó la tolerancia
que ha existido hasta el momento en el tema, pues aseguró que solo ha acelerado
el daño financiero.
Reconoció que la firma de convenio para el
pago de mensualidades ha ayudado, pero no resuelve el problema ni previene de
nuevos atrasos en el pago de cuotas; y compartió que para el 30 de septiembre
de 2023 el adeudo total es de 5 mil 114 millones 750 mil 715 pesos, lo cual
representa una reducción de 20% en solo tres meses.
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