- Las diputadas Isabel Sánchez Holguín y Elida Castelán reconocen deuda histórica con las víctimas de ataques con ácido.
Reporte Escarlata
Cámara de Diputados, Edoméx- 15 de Febrero del 2024.- Para saldar la deuda histórica que tiene el Estado con las víctimas de ataques con ácido y fortalecer la legislación para garantizarles el acceso a una justicia integral, las diputadas del PRI, Isabel Sánchez Holguín y María Elida Castelán Mondragón, abrieron la Casa del Pueblo para la presentación de la denominada iniciativa de la Ley de Violencia Química de la Fundación Carmen Sánchez, que plantea reformas a diversos ordenamientos.
Al expresar la postura del diputado Elías
Rescala Jiménez, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador parlamentario
del PRI, de abonar al enriquecimiento de la iniciativa, la diputada Isabel
Sánchez pidió hacer llegar comentarios y propuestas para llevar a cabo una mesa
técnica y avanzar el análisis.
La legisladora detalló que se busca
establecer las sentencias condenatorias para los agresores que actúan con toda
la saña, al tratar de privar de la vida y la dignidad a las mujeres para borrar
su rostro, su cuerpo y su vida, y aseguró que es tema pendiente en la entidad,
del cual seguramente la gobernadora Delfina Gómez Álvarez estará de acuerdo en
avanzar para que las víctimas accedan a la justicia.
Al respecto, la legisladora Elida Castelán
enfatizó que la violencia química debe ser incluida en los marcos normativos
para brindar mayor seguridad y certeza jurídica a las víctimas, con lo cual el
Estado de México sería la cuarta entidad en contar con legislación en esta
materia.
Carmen Sánchez, sobreviviente de este tipo de
violencia, y Ximena Canseco, fundadora y cofundadora de la Fundación,
respectivamente, explicaron que la iniciativa, que originalmente plantea
reformas a diversos ordenamientos federales, como el Código Penal Federal y la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
conceptualiza la violencia química y propone protocolos de atención médica
especializados y que los servicios de salud pública se otorguen a las víctimas
de violencia química de manera gratuita, integral, adecuada, eficaz proporcional
a la gravedad del daño causado.
También plantea la creación de tribunales y
fiscalías especializadas en la investigación de ataques con sustancias
químicas; establecer lapsos cortos de investigación y juzgamiento de los casos;
utilizar los métodos y técnicas para verificar la situación de violencia y
vulnerabilidad de la víctima; realizar las diligencias especiales con visión de
género que se requiere en los casos de muertes violentas de mujeres; impulsar
las medidas precautorias necesarias para restaurar y garantizar la salud y la
preservación de la vida de la mujer, su familia y círculo cercano; entre otros.
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