- Piden diputados se investigue al ex Procurador General de la Republica por los delitos cometidos en el marco de las investigaciones a su cargo en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
Reporte Escarlata
Toluca, Edoméx.- 24 de julio
del 2020- La 60 Legislatura del Estado de México exhortó a la Fiscalía
General de la República (FGR) a iniciar una carpeta de investigación en contra
de Jesús Murillo Karam, procurador General de la República (PGR) durante la
administración de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2015, por delitos cometidos
contra la administración de la justicia en el marco de las investigaciones a su
cargo en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela
Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
Lo anterior, en atención al punto de acuerdo presentado por el
diputado Tanech Sánchez Ángeles, en nombre del Grupo Parlamentario de MORENA,
el cual destaca el constante reclamo popular de que se castigue a los
responsables de la desaparición de los 43 normalistas y a quienes participaron
de manera deliberada en el engaño para dar carpetazo a uno de los crímenes más
dolorosos en la historia del país, violentado el derecho de acceso a la
justicia.
Al leer la propuesta ante el Pleno, el legislador afirmó que la
actuación irregular y la abierta manipulación de la investigación para cerrar
apresuradamente el caso, a cargo del Estado mexicano durante la administración
de Peña Nieto, han quedado acreditadas, ya que las recientes investigaciones
realizadas por la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa de la FGR derriban
aquellas aseveraciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes, luego del
hallazgo de los restos de uno de ellos en la barranca de la Carnicería, en el
municipio de Cocula, a 800 metros del basurero local.
El Fiscal Especial Omar Gómez Trejo, detalló el legislador,
insistió en que ese hallazgo ocurrió en una zona distinta del basurero de
Cocula, un sitio clave de la investigación de la anterior administración
federal, según la cual los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados en
ese lugar.
El punto de acuerdo, aprobado por mayoría de votos, recuerda que
el 26 de septiembre de 2014 desaparecieron de manera forzada 43 estudiantes de
la Escuela Normal de Ayotzinapa, quienes se encontraban de paso por el
municipio de Iguala, Guerrero, con el objetivo de reunir recursos para llegar a
la Ciudad de México para sumarse a las movilizaciones estudiantiles con motivo
del genocidio perpetrado por el Estado Mexicano el 2 de octubre de 1968 en
Tlatelolco.
Como resultado de las investigaciones realizadas por la PGR,
abunda, su titular Jesús Murillo Karam presentó el 7 de noviembre de 2014 los
avances de las investigaciones realizadas, y con ello su hipótesis de que los
normalistas fueron asesinados y calcinados, hechos a los que denominó como “la
verdad histórica”.
En razón de lo anterior, afirmó el legislador, la “verdad
histórica” fue construida con la intención de negar el acceso a la justica de
los familiares de las víctimas y encubrir a los verdaderos responsables de la
desaparición forzada de los 43, para salir del paso ante el problema político e
internacional que se gestó a partir del reclamo de justicia del pueblo mexicano
en solidaridad con los familiares de los normalistas.
Finalmente, el diputado aseguró que el Estado mexicano tiene la
responsabilidad de velar por el cumplimiento irrestricto del orden
constitucional y de los instrumentos internaciones de los que forma parte,
dentro de los que se encuentran la Convención Americana de Derechos Humanos y
la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas, razón por la que
se debe investigar la actuación de Murillo Karam.
Para enriquecer el exhorto, la diputada Ingrid Krasopani
Schemelensky Castro propuso, en nombre de la bancada del PAN, que el exhorto se
amplíe de tal modo que el esclarecimiento de los actos ilícitos incluya a quien
o a quienes resulten culpables y no se limite a un solo responsable, así como
tampoco a la investigación de un solo probable delito, que es el de la
administración de justicia, propuesta que, al ser votada en lo particular, fue
rechazada.
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